Un total de quince personas están en prisión tras ser detenidas en el marco de una operación policial que ha destapado una red, encabezada por un grupo de funcionarios de la Agencia Tributaria en Málaga, que presuntamente se dedicaba a expedir de manera fraudulenta y vender documentos tributarios.
Los sospechosos emitían certificados de solvencia económica, residencia fiscal, levantamiento de embargos o aplazamiento de deudas, entre otros, por los que supuestamente cobraban tarifas que iban desde quince euros a varios miles de euros según su tipología.
Aunque hasta el momento la investigación permanece bajo secreto de sumario, la justicia los acusa de un delito continuado de falsedad en documento público, cohecho, estafa, blanqueo de capitales y delitos de naturaleza económica derivados de la supuesta utilización de los certificados que se emitían ilegalmente. Más de un millón, según fuentes consultadas por EL MUNDO.
Algunos de estos documentos se ha comprobado que directamente son falsos; otros se han despachado incumpliendo la legislación vigente, ya que a la hora de realizarlos se ha omitido algunos de los trámites exigidos por la Ley, se han cursado sin tener en cuenta los plazos determinados o simplemente, se han emitido fuera de ellos.
De los 31 detenidos, nueve pertenecen a la escala básica del cuerpo de funcionarios del Estado, pero también hay asesores, gestores, empresarios y particulares, tal y como han confirmado desde el entorno de la investigación que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga.
Entre ellos se encuentra la mujer de uno de los empleados públicos investigados que, si bien no es trabajadora de la Agencia Tributaria, aprovechó las facilidades con las que contaron muchos empleados de Hacienda para desempeñar sus tareas desde casa a raíz de la pandemia por coronavirus -y los diferentes confinamientos decretados por el Gobierno para frenar su expansión- y supuestamente se sirvió de las claves que le proporcionaron a su pareja para confeccionar ella misma algunos de los documentos en cuestión.
El certificado de solvencia de una empresa que participaba en Madrid en un proceso de licitación pública -y que resultó ser falso- hizo saltar todas las alarmas y puso a Hacienda sobre la pista de los certificados fraudulentos.
La Agencia Tributaria, además de iniciar una auditoría para averiguar qué estaba pasando, presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos, que coordina la fiscal Maite Verdugo.
En diciembre de 2021 el ministerio público comenzó una investigación en coordinación con el área de Auditoría Interna de la propia administración estatal y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La trama ahora descubierta funcionaba aparentemente como una auténtica organización criminal, aseguran quienes han tenido oportunidad de saber de su operativa. El "jefe" de la red era el que presuntamente recibía las solicitudes de trabajo, se encargaba de distribuir las tareas entre los funcionarios implicados, recogía los pagos de los clientes y finalmente abonaba a cada uno de ellos su parte en función de los documentos realizados en cada ocasión. Y de esta manera, creen los investigadores, han podido estar actuando desde hace varios años.
Para descubrir quién es quién en este entramado y cuál es la dinámica de la red, así como para determinar responsabilidades, están resultando clave los dispositivos incautados (móviles, ordenadores y discos duros) en los diferentes registros realizados por los agentes en la primera fase de una investigación que nunca pensaron tendría las dimensiones que han comprobado que tiene y mucho menos que implicaría a tantas personas, incluidos funcionarios con una larga carrera en la administración.
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