Investigan a una funcionaria de prisiones y a un vigilante de seguridad por la fuga de dos presos en Picassent
Valencia, 12 de junio de 2025. La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Picassent ha citado como investigados a una funcionaria de Instituciones Penitenciarias y a un vigilante de seguridad por su posible implicación en la fuga de dos presos ocurrida en diciembre de 2024 en el Centro Penitenciario Antonio Asunción, ubicado en la localidad valenciana de Picassent.
Una fuga meticulosamente planeada
Los hechos se remontan a la noche del 21 de diciembre, cuando dos internos, de 39 y 43 años, consiguieron burlar las medidas de seguridad del recinto penitenciario. Según fuentes judiciales, los reos forzaron las rejas de una ventana de seguridad, fabricaron una cuerda con sábanas, escalaron hasta el tejado, sortearon los sistemas de alarma y lograron escapar del recinto saltando una puerta corredera.
La fuga, que en un principio se interpretó como un fallo puntual en el protocolo, ha adquirido una nueva dimensión tras las recientes investigaciones, que apuntan a una posible colaboración desde dentro.
Señalamientos directos
Uno de los reclusos fugados, detenido el pasado mes de febrero en Burjassot, ha implicado directamente a la funcionaria de prisiones y al vigilante de seguridad. En su declaración, aseguró que ambos trabajadores conocían el plan de fuga y no actuaron para evitarlo. Este testimonio ha sido determinante para que el juzgado haya abierto diligencias contra ambos.
Además de ellos, otros cuatro internos se encuentran también investigados por su presunta colaboración en la fuga o por encubrimiento.
Delitos imputados y situación judicial
Por el momento, a la funcionaria y al vigilante se les atribuye un delito de quebrantamiento de condena, aunque la calificación podría agravarse si se demuestra su participación activa o negligencia grave. La juez instructora ha citado a los implicados para declarar, en una causa que sigue abierta y en fase de instrucción.
Repercusiones y medidas
El caso ha generado inquietud tanto en el ámbito penitenciario como en el sector de la seguridad privada, al poner en entredicho los controles y protocolos de actuación frente a este tipo de incidentes. Instituciones Penitenciarias aún no ha emitido un comunicado oficial, mientras que desde el entorno sindical se pide cautela y respeto a la presunción de inocencia.
Por su parte, la empresa de seguridad encargada del servicio ha iniciado una revisión interna para esclarecer posibles responsabilidades y reforzar los procedimientos en colaboración con la administración penitenciaria.
Redacción | Seguridad y Empleo
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