El sindicato policial Jupol ha solicitado este sábado a la Dirección General de la Policía Nacional que inste a la UEFA a asumir los costes del amplio operativo policial que se desplegará en los partidos de la Eurocopa 2020 que se celebren en España.
En una nota de prensa, Jupol ha argumentado que existen precedentes de entes privados costeando el servicio de seguridad proporcionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en el ámbito europeo como nacional.
Respecto a Europa, Jupol ha recordado que el Tribunal superior de lo contencioso-administrativo de Bremen sentó jurisprudencia obligando a la liga alemana a pagar los gastos policiales originados en los partidos más importantes.
Y en España, el sindicato se ha referido a la ley de Espacios Públicos y Actividades Recreativas en el País Vasco que en su artículo 111, punto 2, establece que los clubes pagarán 31 euros por funcionario y hora por los servicios prestados por la Ertzaintza.
También han señalado que la normativa reguladora de espectáculos públicos y deporte establece que la seguridad de los eventos deportivos en el interior y en la zona de acceso a los estadios la realizarán empresas de seguridad privada contratada por el organizador.
Sin embargo, a efectos prácticos, en España, y según Jupol, en todos los partidos de fútbol, los encargados de mantener la seguridad son los agentes de la Unidad de Intervención Policial tanto en el perímetro de terreno de juego como en el apartado reservado para aficiones ultras.
En la nota de prensa, Jupol ha comentado que el primer encuentro en España de la Eurocopa se disputará el lunes 14 en La Cartuja de Sevilla, en el que se espera el despliegue de un importante dispositivo policial de agentes de la Policía Nacional destinados en la capital hispalense, más 800 efectivos procedentes de la Comunidad de Madrid.
Además, Jupol ha denunciado que la celebración de estos encuentros ha provocado que se hayan restringido y modificado días de permiso que tenían los agentes e incluso anulado vacaciones, "con el consiguiente perjuicio para los funcionarios y sus familias".
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