El Gobierno destina 92 millones a seguridad privada en prisiones, desestimando alternativas de ahorro público
Introducción
El Gobierno ha renovado el contrato con empresas de seguridad privada para la vigilancia exterior de los centros penitenciarios, una decisión que prolongará este gasto hasta 2026, con un coste superior a los 92 millones de euros. Este contrato, que emplea a 966 vigilantes de seguridad, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.
La decisión ha generado críticas en sectores que cuestionan la necesidad y el coste de mantener esta privatización. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reiterado su propuesta de sustituir a los vigilantes privados por personal de reserva de la Guardia Civil, lo cual consideran una medida más económica y eficaz para el erario público. Aun así, el Gobierno no ha dado señales de considerar esta propuesta.
Empresas beneficiadas y reparto de fondos
El contrato de seguridad se ha dividido en seis lotes, adjudicados a distintas empresas privadas entre las trece invitadas a participar en el concurso:
- GARDA: casi 23 millones de euros para la vigilancia en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja.
- ILUNION: más de 20 millones de euros para Andalucía.
- COVIAR: más de 19 millones de euros para Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra.
- OMEGA: más de 11 millones de euros para Castilla-La Mancha y dos centros de Madrid.
- EULEN: más de 9,5 millones de euros para Canarias, Ceuta y Melilla.
- TRABLISA: más de 9 millones de euros para cinco centros en Madrid y los de Extremadura.
Polémica sobre la privatización de la seguridad en prisiones
El gasto acumulado en seguridad privada en centros penitenciarios ha superado ya los 400 millones de euros desde que comenzó este proceso de privatización, una medida que los partidos actualmente en el Gobierno criticaron abiertamente en el pasado.
La AUGC denuncia que, mientras se destina este presupuesto a empresas privadas, los guardias civiles encargados de custodiar prisiones y de transportar a los internos se enfrentan a condiciones laborales precarias. Esto incluye falta de recursos adecuados, vehículos obsoletos, instalaciones deterioradas y un déficit en sus plantillas del 7,5%.
Auge del sector de la seguridad privada
El sector de la seguridad privada ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en número de empresas como en facturación durante la última década, con especial incremento desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada de 2014.
Según el propio sector, la seguridad privada cuenta actualmente con un mayor número de vigilantes que cada uno de los cuerpos policiales estatales, consolidando su presencia en sectores clave del ámbito público, como el penitenciario.
Riesgos de privatizar funciones de seguridad pública
La experiencia en España y en otros países ha evidenciado los riesgos de dejar en manos privadas funciones de seguridad pública. En casos recientes, algunas empresas han enfrentado dificultades financieras y han dejado de prestar sus servicios de un día para otro, obligando a los cuerpos de seguridad estatales a asumir estas funciones de manera improvisada.
La AUGC advierte que esta dependencia de empresas privadas implica que el Estado pierde cierto control sobre la seguridad en sus centros penitenciarios, afectando áreas de interés general de manera imprevisible y exponiendo al sistema a interrupciones en servicios críticos.
Conclusión
La renovación de este contrato con empresas de seguridad privada ha despertado una creciente polémica y plantea serias dudas sobre la gestión de fondos públicos en el ámbito de la seguridad. La decisión de desestimar alternativas más económicas y de ignorar las propuestas de ahorro de la AUGC cuestiona la sostenibilidad y eficacia de mantener la seguridad en manos privadas en un sector tan sensible como el penitenciario.
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